lunes, 16 de febrero de 2009

Córdoba en estado puro

Por mucho que me/nos pese, Córdoba es una ciudad donde la legalidad es un término demasiado relativo.
A las viviendas levantadas sobre suelo no urbanizable e incluso protegido, hay que sumarle la debilidad de nuestro ayuntamiento frente a determinados gremios profesionales.

Sirva por ejemplo el sector de la policía local (donde tengo a un buen amigo), a quien se le permitió el caso Torreblanca, y del cual nadie se ha responsabilizado ni a nivel político ni profesional (nadie a dimitido ni ha sido expulsado del cuerpo. Esperemos que estos agentes no vean en el robo de bancos un sobresueldo en época de crisis)..

La situación de otro de los sectores polémicos de nuestra ciudad ha sido muy bien definido en un artículo de El Día de Córdoba.
Os lo incluyo íntegro, para que no os perdáis ni una sola frase del mismo.
----------------------------------------------------------------------------

Radiotaxi amenaza con la clausura

Vuelven las 'listas negras' en un servicio público donde mandan las presiones frente a las razones · El gobierno municipal ha sido excesivamente tolerante con determinadas actitudes · ¿Dónde están tantos organismos creados desde lo público para velar por el turismo cuando realmente se les necesita?

La decisión de la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia de abrir una investigación sobre las llamadas listas negras del taxi ha vuelto a mostrar las costuras de la regulación del transporte público realizado por privados en Córdoba. La incoación del expediente y, sobre todo, la amenaza de una multa si la junta directiva del taxi no facilita una serie de documentos sensibles (que quedarían incorporados a un expediente público, a los ojos de todos) ha vuelto a poner en marcha la maquinaria de presión que rodea a todo lo que tiene que ver con estos intereses gremiales tan específicos. De modo inmediato, la junta directiva que preside Miguel Ruano tiene dos opciones sobre la mesa: o colabora o es multada con un dineral, unos 150.000 euros.

Nadie en su sano juicio quiere que ningún profesional -sea taxistas, joyero o fontanero- deje sus servicios sin cobrar. La profesión de taxista es tan ingrata como necesaria para una ciudad con un servicio público de transporte tan deficitario (algún día se tendrá que debatir seriamente sobre la falta de servicios nocturnos o la deficiente implantación territorial de Aucorsa). Lo que cada vez está más claro es que la regulación de una actividad no puede caer en manos de los propios profesionales -o de algunos de ellos, que sólo deben rendir cuentas a sus asociados-. La responsabilidad debe recaer en un texto público donde todo el mundo sepa dónde terminan sus derechos y donde empiezan sus obligaciones cuando la actividad se realiza bajo una licencia municipal. Decir que Radiotaxi es un servicio privado significa lo mismo que los repartidores de pizzas no deben estar sujetos al código de circulación por pertenecer a la actividad de la restauración.

La junta directiva del taxi ha respondido a esta nueva situación con una cantinela ya conocida. Según las fuentes consultadas, se ha vuelto a amenazar en distintos foros de decisión en la ciudad con un cierre del servicio telefónico por parte de la asociación que agrupa a los 490 profesionales. Sirva como adelanto que Radiotaxi ha clausurado el teléfono que tenía funcionando para empresas y que permitía, en cierta manera, un proceso de preasignación.

En este capítulo de la polémica, los negocios hoteleros y hosteleros de la ciudad han sido los perjudicados directos de esta lamentable situación. Se trata de algo grave puesto que afecta al turismo, uno de los sectores más saneados y que crea mayor valor añadido en una Córdoba sin industria (¿dónde están todos esos organismos de promoción del turismo creados desde lo público cuando se les necesita?). Y, además, bajo las mismas barbas del Ayuntamiento. La imagen que se da ante el cliente roza el patetismo. Los establecimientos de la ciudad ruegan ya encarecidamente a las personas que piden un taxi desde recepción que se monten sólo en el vehículo cuya licencia se le facilita. En muchas ocasiones, los clientes se suben al primer coche que llega sin que medie ningún tipo de intención malévola. Los hoteles y cada vez más restaurantes se enfrentan a situaciones desagradables impropias de una relación comercial normal, donde si no se paga no se recibe el servicio. Existe ya una especie de porra en el sector turístico por ver quién abona más -¡cada día!- por estos servicios no prestados so pena de entrar en la famosa lista.

El taxi no puede quejarse de que el Ayuntamiento haya sido hostil con sus intereses. Las distintas corporaciones le han guardado el aire en demasiadas ocasiones, cuando no han sido extremadamente serviles. El gobierno municipal -que cuenta entre sus miembros con un ex presidente del colectivo- ha mantenido el control sobre el número de licencias (esos cotizadísimos permisos), independientemente de que sea evidente de que una ligera sobreoferta en la flota beneficia al consumidor (perjudicando al profesional) o que hayan existido presiones por parte de los conductores asalariados que quieren ser trabajadores por cuenta propia. En este 2009, el incremento de las tarifas ronda el 5% cuando el coste de la vida no ha subido por encima del 1,5%. Existen problemas de seguridad, evidentes y que hay que paliar, pero no han de olvidarse determinados programas de ayudas públicas para la instalación de tecnología GPS o la adaptación de vehículos a personas con discapacidades. Cada decisión en materia de tráfico se consensúa con la única asociación del sector y se permiten esos parones por fiestas de guardar sin orden ni concierto.

En Sevilla, la asociación patronal del turismo saltó a la palestra con una denuncia directa, pública, de la situación producida, similar a la de Córdoba. Aquí, el caso ha estado semanas rodando por los despachos, en conversaciones de café, intentando cerrar no se sabe muy bien qué acuerdos. Como aquel papelón de la Concejalía de Consumo, que archivó sin sanción su investigación sobre las listas negras cuando se produjo la denuncia de Facua. Muy propio de esta Córdoba, donde el lema ver, oír y callar debería figurar en la bandera que cuelga de cada balcón oficial.

---------------------------------------------------------------------------

Con situaciones como esta, Córdoba parece que vive el poder de pocos, al contrario que el resto del planeta.